Belkys Solórzano recibió un trasplante riñón hace 13 años, pero en los últimos tres meses dejó de recibir los inmunosupresores que le otorgaba el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) de San Fernando de Apure, estado Apure. Como consecuencia de la ausencia prolongada de su tratamiento perdió el riñón.
El domingo 12 de noviembre de este año a las 9:30am fuimos a documentar su testimonio, donde nos manifestó la impotencia que sentía la haber perdido su trasplante. “Perdí mi vida al perder mi riñón. He perdido la esperanza de vivir“, relató. Horas después falleció.
Solórzano se había trasladado desde su natal Apure hasta Caracas para recibir atención en el Hospital Universitario de Caracas, donde estuvo hospitalizada 12 días para recibir diálisis ante la pérdida del riñón.
En su testimonio, Solórzano le pidió a las autoridades que si no pensaban en los trasplantados, pensaran que cualquiera de ellos pudiera ser un trasplantado renal, que día a día lucha por un medicamento. “Nos están quitando la vida si no nos dan los medicamentos“, advirtió.
La lucha de Belkys Solórzano, es la lucha de más de 3.500 trasplantados que hoy están en riesgo de perder su órgano y su propia vida, como le pasó a ella, ante la privación del derecho a la salud que está consagrado en los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Desde Codevida alertamos a la comunidad internacional que 3.500 trasplantados podrían tener en los próximos días serias dificultadas de rechazo de órganos, poniendo en riesgo su vida. Es necesario un pronunciamiento de las autoridades competentes en materia de salud sobre las acciones inmediatas para evitar más muerte. Esta situación constituye una grave violación a los derechos a la vida y la salud de los venezolanos.
300.000 venezolanos que necesitan medicamentos de alto costo dependen de la entrega de sus tratamientos por parte del IVSS, que desde 2015 ha disminuido su distribución y capacidad, poniendo en riesgo la calidad y la propia vida de los pacientes. 4 millones de personas en condiciones de salud crónica podrían morir en los próximos meses si las autoridades encargadas de velar por la salud de la población no cumplen con su función. Por acción u omisión el Estado venezolano es responsable de cada una de las muertes que ocurran por la ausencia de medicamentos en medio de la emergencia humanitaria compleja que vivimos en Venezuela.