La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de COVID-19 agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad, señalaron hoy Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Es fundamental asegurar que llegue suficiente ayuda humanitaria al pueblo venezolano de manera urgente.

Al 25 de mayo de 2020, en Venezuela había 1.121 casos confirmados de COVID-19 y 10 muertos. La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial. Como consecuencia del hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas generalizados para acceder al agua en hospitales y hogares, es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por el país. El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela.

“La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales”, afirmó la Dra. Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros Johns Hopkins. “La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU (UN Emergency Relief Coordinator), Mark Lowcock, deben asumir el liderazgo sobre este tema. Los miembros del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea deben ejercer presión sobre las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro para que permitan de inmediato la llegada de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, orientada a prevenir una propagación catastrófica de la COVID-19 en el país, expresaron Human Rights Watch y los Centros de JOVIDohns Hopkins. Es crucial que los gobiernos preocupados por la situación venezolana despoliticen la asistencia humanitaria y que el gobierno de EE. UU. se asegure de que las sanciones vigentes no agraven la crisis ni obstaculicen los esfuerzos humanitarios.

El sistema de salud de Venezuela ha colapsado. La escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica. Venezuela está entre los últimos lugares del Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019 (posición 180 de 195 países), ubicándose así entre los países menos preparados para mitigar la propagación de una epidemia.

En noviembre y diciembre de 2019, un equipo de Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins realizó entrevistas telefónicas detalladas a profesionales de la salud en 14 hospitales públicos de Caracas, la capital del país, y cinco estados (Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia). Todos los hospitales, salvo uno, brindaban atención de alta complejidad. Las organizaciones también llevaron a cabo entrevistas de seguimiento a algunos profesionales de la salud, y otras a actores humanitarios y expertos en sanciones entre marzo y mayo de 2020.

Las conclusiones de la investigación, que se realizó en parte antes de la pandemia, demuestran que el sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la COVID-19. Preocupan especialmente, en este sentido, que sea habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene. Los acontecimientos en el país en los últimos meses acentúan esta preocupación.

Los profesionales médicos y de enfermería entrevistados dijeron que prácticamente no hay jabón ni desinfectante en sus clínicas y hospitales. Con el aumento de la inflación y la devaluación de los salarios, cada vez les resulta más difícil llevar sus propios insumos, tales como jeringas o guantes. Es común que los cortes de agua afecten a los hospitales de Caracas. En algunos hospitales en zonas remotas, los cortes de agua han durado semanas e, incluso, meses. Los pacientes y el personal de la salud se ven obligados a llevar su propia agua para consumo, para lavarse las manos antes y después de procedimientos médicos, para limpiar insumos quirúrgicos y, a veces, para descargar los inodoros.

En una encuesta realizada a proveedores de servicios de salud sobre la capacidad del sistema sanitario venezolano para hacer frente a la COVID-19, el 31.8 % de los trabajadores de hospitales no contaban con agua potable y el 64,2 % informaron un acceso intermitente al agua potable entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. El 21 de mayo, un dirigente sindical médico informó que un sondeo de 16 hospitales y centros de salud en Caracas reveló que había escasez de agua en 8 de ellos, de guantes en 7, y de jabón y desinfectante en 15. En ocho hospitales y centros de salud tampoco había barbijos, y en 13 los estaban reutilizando. Otra encuesta nacional sobre el impacto de Covid-19 publicada el 16 de mayo reportó que había escasez de guantes en el 57.14 % del sector salud, de tapabocas en el 61.9%, de jabón en el 76.19 % y de alcohol desinfectante en el 90.48%.

La tasa de mortalidad de la COVID-19 es incierta y es probable que varíe según la edad, los problemas de salud preexistentes y la disponibilidad de tratamiento, entre otros factores. Es muy probable que en Venezuela la tasa de mortalidad termine siendo mayor a la media, ya que no hay capacidad para brindar atención de alta complejidad debido a la falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores.

A su vez, por la falta de acceso al agua, los proveedores sanitarios no pueden lavarse las manos, lo cual es crucial para contener la propagación de la COVID-19. La escasez de combustible hace más difícil que los profesionales de la salud y los pacientes se acerquen hasta los hospitales y centros de salud, y que los alimentos lleguen a quienes los necesitan. Ello podría deteriorar todavía más la atención médica.

La enfermedad también podría transmitirse con rapidez en los barrios populares y en las cárceles sobrepobladas debido a la falta de garantías básicas de salud pública y de acceso a un suministro de agua suficiente. Las condiciones de pobreza, hacinamiento habitacional y desnutrición en las que se encuentran muchos venezolanos son el ámbito ideal para que se propaguen enfermedades infecciosas.

La crisis humanitaria, política y económica en Venezuela ha provocado la mayor migración de la región en las últimas décadas. Más de cinco millones de venezolanos se han ido del país, y han llevado consigo enfermedades que habían sido erradicadas en la región, como el sarampión. Los sistemas de salud de países vecinos ya están sobrepasados intentando atender las necesidades de salud de los exiliados venezolanos. Si bien varios miles de ciudadanos venezolanos recientemente decidieron regresar a Venezuela por las paupérrimas condiciones en que vivían en el exterior, es improbable que el éxodo se detenga y el brote de coronavirus en Venezuela agravará todavía más la situación.

Las autoridades venezolanas han adoptado algunas medidas para, en teoría, intentar responder a la pandemia. El 13 de marzo el gobierno declaró el estado de emergencia y el 17 de ese mes dispuso una cuarentena en todo el territorio nacional, que limita la circulación y dispone el cierre de actividades no esenciales. Quienes hacen que se cumpla con la cuarentena son la policía, incluyendo una fuerza especial llamada FAES implicada en el pasado en ejecuciones extrajudiciales, las Fuerzas Armadas y grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela. Según organizaciones locales, esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias y hostigamiento de las comunidades.

El 17 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro pidió un préstamo de USD 5.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) para combatir la COVID-19. El FMI rechazó el pedido e indicó que “faltaba claridad” con respecto al “reconocimiento oficial por parte de la comunidad internacional” al gobierno de Maduro.

La negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia. También contribuye a la pobre respuesta estatal el hostigamiento y persecución de periodistas, profesionales de la salud y otros individuos que cuestionan y alertan sobre el deterioro de las condiciones en los hospitales, la escasez de petróleo y la propagación de la COVID-19. Además, las autoridades continúan sin asumir su responsabilidad por el colapso del sistema de salud, atribuyéndole absoluta responsabilidad a las sanciones estadounidenses cuando el desastre humanitario en Venezuela es previo a las sanciones.

“Para contribuir a una respuesta efectiva a la COVID-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano, la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que le garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”.

Se pueden consultar abajo recomendaciones detalladas e información adicional sobre escasez de agua, sanciones y ayuda humanitaria.

Human Rights Watch y expertos del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos (Center for Public Health and Human Rights) y el Centro de Salud Humanitaria (Center Humanitarian Health) de Johns Hopkins recomiendan que el secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU (UN Emergency Relief Coordinator), Mark Lowcock, asuman el liderazgo frente a la situación venezolana y le exijan a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro que adopten todas las medidas necesarias para lograr que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano, incluyendo las mencionadas en este documento.Los miembros del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, así como otros gobiernos con demostrada influencia sobre las autoridades venezolanas, deberían presionarlas para que:

  • Permitan el ingreso en Venezuela de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU que llegue al interior del país, en particular, permitiendo el pleno acceso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios, que cuentan con capacidad logística para brindar un volumen significativo de asistencia humanitaria en todo el territorio del país;
  • Posibiliten que los trabajadores humanitarios locales e internacionales brinden asistencia humanitaria y tengan acceso a todos los hospitales y otros centros de atención de la salud para proveer insumos y asistencia;
  • Permitan que los profesionales de la salud y los trabajadores humanitarios puedan realizar su trabajo sin represalias y cerciorarse de que puedan desplazarse libremente por toda Venezuela incluso durante la cuarentena, emitiendo salvoconductos y asegurando que tengan un acceso prioritario a la gasolina; y
  • Permitan a expertos independientes revisar y publicar toda la información epidemiológica existente para lograr mayor transparencia sobre la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria, ofreciendo un conteo preciso de casos y muertes confirmadas de Covid-19 y reanudando la publicación de informes detallados sobre mortalidad y morbilidad.

Todos los gobiernos deberían financiar iniciativas humanitarias encabezadas por la ONU que cumplan con los estándares de esa organización sobre humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad en la provisión de asistencia.

Ante el riesgo de que las instituciones realicen un cumplimiento más riguroso de lo necesario de las sanciones financieras y sobre el sector petrolero impuestas por Estados Unidos, así como la necesidad de los venezolanos de contar con recursos suficientes para hacer frente a la emergencia humanitaria, el gobierno de EE. UU. debería:

  • Volver a establecer claramente que nadie será penalizado por financiar o proveer asistencia humanitaria a Venezuela en este período de crisis de salud pública y reiterar que la asistencia humanitaria está exenta de sanciones;
  • Establecer procedimientos para que las empresas y organizaciones puedan enviar asistencia humanitaria a Venezuela sin controles excesivamente burocráticos ni demoras innecesarias, y
  • Activamente apoyar un esfuerzo humanitario robusto, liderado por la ONU, en Venezuela.

Acceso limitado al agua en los hospitales

El derecho al agua y el saneamiento son componentes esenciales del derecho a un estándar de vida adecuado y están estrechamente ligados al derecho a la salud. Las Naciones Unidas han destacado que el derecho al agua requiere que el suministro de esta sea suficiente y constante; salubre y de calidad aceptable; accesible físicamente sin peligros; y asequible para todos. En particular, la Organización Mundial de la Salud ha destacado que el agua segura, el saneamiento y las condiciones higiénicas son indispensables para proteger la salud durante la pandemia de Covid-19.

En toda Venezuela, hay acceso limitado al agua en hogares y hospitales. Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos, el 25 % de los hogares venezolanos carecían de acceso sostenible al agua potable y en 4 de cada 10 viviendas hubo interrupciones diarias del suministro de agua entre julio y septiembre de 2019.

El Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, que se publicó e implementó en la última mitad de 2019, estimó que 4,3 millones de personas necesitaban servicios de agua, saneamiento e higiene. En ese mismo período, el plan de respuesta de la ONU pudo brindar agua segura a 310.598 personas—, lo que equivale al 0,07 % de la necesidad estimada. El plan de respuesta estuvo dirigido a 3.719 establecimientos educativos y de salud durante este período, pero solamente tuvo llegada a 253 (o el 7 %); 44 de las instituciones destinatarias, o el 1,2 %, eran hospitales o centros de salud.

Desde 2014, los hospitales en Venezuela han tenido un suministro limitado de agua y el problema se agudizó con el paso de los años, afirmaron varios profesionales de la salud entrevistados. Según la red nacional Médicos por la Salud, el porcentaje de hospitales públicos venezolanos con acceso intermitente al agua creció del 28 % en 2014 al 69 % en 2016. En 2019, el 70 % indicó tener un acceso intermitente al agua y el 20 % informó directamente no tener acceso.

Una persona entrevistada señaló que en el hospital donde trabaja el acceso al agua corriente no es constante; a veces el agua no llega todo un fin de semana y, en otras ocasiones, directamente no llega por cinco días. Otra entrevistada expresó que en su hospital el gobierno raciona el agua, y solo hay acceso a esta durante una o dos horas, dos veces por semana. En hospitales más alejados, la falta de agua es incluso más grave.

En ciudades grandes, hay camiones cisterna que llevan volúmenes limitados de agua a los hospitales. Pero este suministro es insuficiente, destacaron los profesionales sanitarios. Un hospital que para sus actividades necesita 30 camiones cada día, recibía apenas 4 o 5.

Incluso si los hospitales reciben cierta cantidad de agua, su calidad es deficiente. El agua que llevan los camiones no es potable. El agua corriente no está tratada adecuadamente y no hay forma de filtrarla ni hervirla en los hospitales, ya que las cocinas de muchos establecimientos no están funcionando. Por ello, para los hospitales sería riesgoso usar esa agua. A su vez, los métodos de recolección y almacenamiento de agua de los hospitales generan riesgos de contaminación. Como resultado de la falta de mantenimiento y de tapas o sencillamente por no ser adecuados, los pozos, los tanques de almacenamiento de agua subterráneos y en superficie y los contenedores que usan algunos hospitales no sirven para preservar un suministro de agua de calidad.

Consecuencias de la escasez de agua en la atención de los pacientes

Una consecuencia inmediata del acceso limitado al agua en los hospitales es que los médicos y enfermeros no pueden lavarse las manos, algo que deben hacer antes y después de estar en contacto con cada paciente. Los trabajadores de la salud venezolanos hacen todo lo posible por mantener limpias sus manos. En un servicio de neonatología, los trabajadores se lavaban las manos con el agua condensada que caía del aire acondicionado.

La falta de agua, sobre todo porque impide lavarse las manos, exacerba las altas tasas de infecciones intrahospitalarias, es decir, aquellas originadas dentro de los establecimientos de salud. En Venezuela, estas infecciones han incluido bacteriemia, infección de fístulas e infecciones pulmonares, y es probable que ahora incluyan la Covid-19, según el equipo de investigación de la Universidad Johns Hopkins. A su vez, en 2018, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) observó que “la falta de agua y artículos de higiene también estaban causando … problemas de infección generalizados” en Venezuela. La falta de agua también ha provocado que no haya servicio de lavandería en los hospitales y que los trabajadores de la salud se expongan a llevar infecciones a sus hogares si mezclan su ropa con las de otros familiares al lavarla.

Las dificultades para obtener agua de calidad también han llevado a cancelar procedimientos médicos como diálisis y cirugías. Cinco proveedores de atención de la salud indicaron que los pacientes de diálisis están entre los más afectados por la falta y la contaminación del agua, y dos se refirieron a que la contaminación del agua redujo la cantidad de máquinas de diálisis que funcionan en sus hospitales, de 14 equipos a 9 en un hospital y de 35 a 15 en el otro. Con la llegada de la Covid-19 y la consiguiente cuarentena, los pacientes han enfrentado dificultades cada vez mayores para acceder a diálisis por la escasez de gasolina, el corte de caminos y las restricciones a los desplazamientos entre ciudades.

Apenas dos semanas antes de la entrevista, y debido a la falta de agua, en un hospital se habían cancelado todas las cirugías programadas para una semana, y esto se extendió cuatro días más por la contaminación del quirófano. A su vez, la Oficina del ACNUDH destacó que la imposibilidad de los médicos del estado venezolano Zulia de realizar más de unas pocas cirugías por semana (por falta de agua, cortes del suministro eléctrico y contaminación del quirófano) ha generado listas de espera de seis meses.

Los hospitales también han estado parcialmente cerrados por la escasez de agua. Una médica indicó que la capacidad del hospital donde trabajaba se redujo de 79 camas a 5, en parte, por la falta de agua. Otra médica manifestó que, por el acceso limitado al agua, el número de quirófanos de su hospital se había reducido de cinco o seis a dos. Cuatro hospitales han cerrado sus laboratorios.

Un hospital hizo una reducción de servicios tan drástica que pasó de ser una institución médica de nivel 4 a una de nivel 1; es decir, pasó de ofrecer el máximo nivel de servicios de salud a brindar apenas el mínimo. El hospital también dejó abandonado su servicio de radiología. “Es nada más que un pasillo con una sala de espera donde no hay nadie esperando”, describió un médico.

Debido al racionamiento de los servicios, los hospitales también priorizan ciertos servicios, como las salas de urgencia, y a ciertos pacientes, mientras que envían a otros, como a las personas mayores, a sus casas para que puedan morir allí. Dado que hay escasez de agua en todo el país, no es posible transferir a los pacientes a hospitales donde haya agua, afirmaron varios médicos.

Incluso si la escasez de agua no impide que los trabajadores de la salud brinden servicios, contribuye a generar un ambiente insalubre y antihigiénico. Por la falta de agua y elementos de limpieza, no es posible limpiar de manera periódica o exhaustiva los hospitales. Un hospital tuvo que cerrar parcialmente un piso por la insalubridad de las condiciones. Otro hospital que por lo general se limpiaba cuatro veces cada 24 horas, ahora se limpia con la mitad de esa frecuencia y con muy poca agua. Las personas entrevistadas refirieron que había olores nauseabundos, una plaga de roedores y baños averiados. Dos entrevistados podían atender apenas a una fracción de sus pacientes después de que el edificio donde trabajaban cerró en 2018 por problemas en la descarga de aguas residuales.

Los baños de un hospital, si bien se habían clausurado por falta de agua, seguían usándose. En otro hospital, los pacientes salían para orinar y defecar afuera, y esto creaba un ambiente nocivo alrededor del hospital. En otro hospital, donde el personal, pacientes e incluso familiares orinaban y defecaban en recipientes improvisados y luego arrojaban los residuos afuera, los médicos pidieron baños móviles, pero el reclamo nunca fue atendido. “Eso es dantesco”, observó un médico, “como si estuviéramos en guerra, pero no ha caído ni una sola bomba”.

Respuesta de profesionales de la salud, pacientes y familias

Algunos proveedores de atención de la salud compran alcohol en gel para higienizarse las manos. Cuando se realizaron las entrevistas, una botella costaba entre USD 3 y USD 5 al tipo de cambio extraoficial, lo cual representa un enorme gasto si se considera que, en ese momento, el ingreso mensual de los médicos oscilaba entre USD 6 y USD 15. Algunos a veces traen al hospital agua embotellada, jabón o papel higiénico. Pero muchos ni siquiera tienen recursos para comprar alcohol en gel, sobre todo el personal de enfermería, que al momento de las entrevistas ganaba cerca de USD 3 por mes.

Muchos pacientes también se ven obligados a contribuir a un ambiente higiénico. Los pacientes o sus familiares llevan agua para el consumo del paciente, para procedimientos médicos e incluso para limpiar baños y evacuar los inodoros. En un hospital importante, los pacientes debían traer 25 litros de agua para poder ser ingresados. En otro, si el paciente o sus familiares no traen agua, la cirugía se cancela. Según lo señaló la Oficina del ACNUDH en su informe de 2019 sobre Venezuela, “[l]os familiares de los pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad, como el agua, los guantes y las jeringuillas”.

Un profesional de la salud estimó que apenas el 25 % de los pacientes podían pagar el agua que tenían que llevar. Incluso para quienes pueden solventar el costo del agua y los demás artículos necesarios para una cirugía, el tiempo que se tarda en reunir todo lo necesario puede hacer que empeore la condición del paciente, y esto agudiza la probabilidad de complicaciones y extiende el tiempo de recuperación.

Desidia por parte del gobierno

La principal respuesta de las autoridades venezolanas ante la falta de agua en los hospitales ha sido la desidia. Varias personas entrevistadas indicaron que, durante años, el gobierno no ha hecho nada para frenar el deterioro progresivo de las condiciones en los hospitales donde trabajan. La única instancia que recordaban en la cual el gobierno venezolano reconoció el deterioro de un hospital y expresó su determinación de solucionarlo, las autoridades trabajaron en el edificio solamente un mes y luego abandonaron el proyecto. Un representante sindical indicó que la intervención del gobierno en otro hospital no respondió a los reclamos de agua y otros insumos de primera necesidad expresados por los trabajadores de la salud, sino que “[h]an arreglado solo unas pocas lámparas”.

De los tres proyectos destinados a hospitales incluidos en la página web Ministerio del Agua, dos proporcionaron una cantidad acotada de tanques de agua a nivel del suelo a los estados Vargas y Zulia, y no abordaron la causa fundamental del problema: la falta de suministro constante de agua de calidad. En junio de 2019, empezó la construcción de un tercer proyecto que mejoraría el servicio de agua en el Hospital Universitario Antoni Patricio Alcalá (Huapa). Sin embargo, al 11 de marzo, este hospital todavía no tenía un suministro constante de agua y no tenía acceso al agua potable. No obstante, el gobierno de Maduro designó a Huapa uno de los 46 hospitales y centros de salud que atienden a pacientes con Covid-19.

Estos intentos aislados y tibios de suministrar agua a los hospitales están muy lejos de cumplir con las obligaciones del gobierno de garantizar el derecho a la salud de los venezolanos, sostuvieron Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins. El gobierno debería dejar entrar la asistencia humanitaria para mejorar su infraestructura hídrica, que ha funcionado a la mitad de su capacidad, en parte debido a corrupción y falta de mantenimiento. También debería abordar los cortes eléctricos generalizados que impiden que los sistemas de agua funcionen de manera adecuada, y asegurarse de que funcionen los pozos de agua en aquellos hospitales que los tienen y que las autoridades públicas controlen regularmente la calidad del agua que llega a los hospitales y hogares venezolanos.

Falta de datos oficiales y pocas pruebas de detección

Las autoridades venezolanas han censurado o no han recabado datos sobre salud pública que podrían revelar cuál es la magnitud de la emergencia humanitaria en el país. Hasta 2014, cuando los indicadores empezaron a deteriorarse, Venezuela tenía una sólida infraestructura de vigilancia epidemiológica que publicaba informes periódicos y detallados sobre morbilidad y mortalidad. Luego hubo dos años de silencio absoluto. En 2017, la entonces ministra de Salud difundió datos que mostraban que en 2016 la mortalidad infantil había aumentado un 30,12 % y la mortalidad materna un 65,79 %. Fue despedida de inmediato.

Desde entonces, el gobierno no ha difundido datos epidemiológicos. Algunos médicos entrevistados señalaron que el gobierno también les había prohibido enumerar ciertas causas de muerte, como la desnutrición, y había obligado a renunciar a médicos que hablaron públicamente sobre las cifras de mortalidad.

El gobierno venezolano ha censurado información sobre salud pública vinculada con la Covid-19. El 17 de marzo, la Asamblea Nacional, integrada mayormente por opositores, anunció que había creado un sitio web de concienciación sobre la Covid-19: coronavirusvenezuela.info. El 18 de marzo, la organización no gubernamental Venezuela Sin Filtro informó que el proveedor estatal de Internet CANTV había bloqueado el sitio web y que otros proveedores privados también habían limitado el acceso al sitio de manera indirecta, al bloquear otro sitio web vinculado con la oposición. Un representante de la Asamblea Nacional confirmó esta información a Human Rights Watch.

Las autoridades también habrían prohibido la realización de pruebas de Covid-19 en una clínica privada de Caracas y confiscado los resultados obtenidos allí, con el argumento de que estas pruebas solo puede realizarlas una entidad oficial. Al 21 de mayo, las autoridades venezolanas habrían realizado 697.691 pruebas, de las cuales al menos 16.577 serían pruebas PCR.  La gran mayoría, por lo tanto, son pruebas que pueden arrojar falsos negativos en los primeros días desde el contagio.

Hostigamiento y persecución de profesionales de la salud y periodistas

Varios entrevistados afirmaron que ellos u otros profesionales de la salud o activistas que conocían habían sido hostigados por autoridades y partidarios del gobierno tras haber cuestionado abiertamente la respuesta oficial a la emergencia de salud. Varios profesionales de la salud indicaron haber sido amenazados, seguidos y fotografiados, en algunos casos por agentes de inteligencia. Algunos médicos que participaron en manifestaciones indicaron que las autoridades los detuvieron y les prohibieron referirse en forma pública al estado del sistema de salud.

También en algunos casos las autoridades han hostigado a profesionales de la salud que dieron a conocer información sobre la Covid-19. El 9 de marzo, el gobernador de Zulia anunció que ordenaría que se investigara al médico Freddy Pachano, de la Universidad de Zulia, por publicar tuits sobre posibles casos de Covid-19 en el Hospital Universitario de Maracaibo. El gobernador indicó que se encargaría de que procesaran penalmente a Pachano si había dado la alerta en forma equivocada.

El Foro Penal Venezolano, una red de abogados penalistas y activistas que ofrece asesoramiento legal ad honorem a personas detenidas arbitrariamente, informó sobre un drástico aumento del número de detenciones arbitrarias desde que el gobierno declaró el estado de emergencia el 13 de marzo, incluyendo de trabajadores de la salud y periodistas que cuestionaron la respuesta de las autoridades venezolanas a la Covid-19. El Foro Penal también ha informado sobre detenciones arbitrarias de opositores políticos y otros durante este período. La organización no gubernamental Espacio Público, que monitorea la situación de la libertad de expresión en Venezuela, documentó 40 casos de personas detenidas por criticar la respuesta del gobierno a la Covid-19 hasta el 16 de mayo, entre ellas, 17 trabajadores de medios de comunicación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó 22 detenciones arbitrarias y 21 casos de hostigamiento o intimidación de periodistas entre el 16 de marzo y el 3 de mayo.

El 21 de marzo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron al periodista Darvinson Rojas, después de que informara sobre posibles casos de Covid-19. La policía también detuvo a los padres de Rojas y, en el hecho, hirieron a su padre. Los padres de Rojas fueron liberados más tarde esa noche. El 23 de marzo, Rojas fue acusado de instigación al odio e instigación pública. Fue puesto en libertad condicional el 2 de abril, pero sigue procesado.

El 23 de marzo, el periódico venezolano La Verdad de Vargas informó que una enfermera había dado positivo en la prueba de detección de Covid-19. El 24 de marzo, el Ministerio Público citó a declarar a la directora del periódico, Beatriz Rodríguez, en calidad de testigo en la investigación contra La Verdad de Vargas por presunto terrorismo.

También el 24 de marzo, las FAES detuvieron a la periodista Rosalí Hernández mientras reunía información sobre un operativo de desinfección en Catia. Las FAES retuvieron a Hernández durante 40 minutos y la obligaron a eliminar el material que había registrado.

Las autoridades venezolanas han detenido, asimismo, a trabajadores de atención de la salud que expresan su indignación porque la escasez de agua e insumos en los hospitales no les permiten responder eficazmente a la Covid-19.

El 17 de marzo, agentes de inteligencia militar detuvieron al enfermero Rubén Duarte del Hospital Central de San Cristóbal, después de que exigiera agua, barbijos, guantes y otros artículos básicos. Lo retuvieron toda la noche.

El 17 de marzo, la Guardia Nacional Bolivariana detuvo al médico Julio Molino, de Monagas, después de que este llamara la atención sobre la imposibilidad del Hospital Manuel Núñez Tovar de asistir a pacientes con Covid-19. El 19 de marzo, Molino fue acusado de incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento, y fue puesto en prisión domiciliaria. Las autoridades venezolanas también intentaron detener a dos colegas de Molino, Carlos Carmona y Maglis Mendoza. Al no poder dar con ellos, detuvieron en cambio a la nieta de Mendoza, de 17 años, y a una amiga de 16 que estaba con ella, y las retuvieron hasta tarde en la noche.

Sanciones y ayuda humanitaria

En agosto de 2017, Estados Unidos impuso sanciones financieras, incluida la prohibición de realizar operaciones con nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). Las sanciones excluyen de manera explícita las transacciones con fines humanitarios. En enero de 2019, estas sanciones se extendieron, pero se mantuvo la excepción para transacciones humanitarias.

A pesar de la excepción, las sanciones podrían exacerbar la ya grave situación humanitaria que atraviesa Venezuela por el riesgo de que instituciones financieras se sientan obligadas a cumplir con las sanciones en casos más allá de los previstos en la propia normativa y porque reducen los recursos a los cuales pueden acceder las autoridades venezolanas. No es claro en qué medida las sanciones están efectivamente teniendo este impacto, ni tampoco si las autoridades venezolanas habrían usado los recursos adicionales para ayudar a su población. En cualquier caso, Estados Unidos debería tomar medidas inmediatas y suficientes para impedir que las sanciones tengan un efecto negativo sobre la situación humanitaria, expresó Human Rights Watch.

Un actor humanitario dijo a Human Rights Watch que se han demorado algunas transacciones humanitarias destinadas a Venezuela debido al cumplimiento excesivo con las sanciones, y los especialistas en la materia sostienen que el problema de cumplimiento más allá de lo establecido en la normativa es habitual en este tipo de circunstancias.

Sin desmerecer el potencial impacto negativo que las sanciones podrían tener en el sistema de salud venezolano, es importante notar que las investigaciones de Human Rights Watch indican que el colapso del sistema de salud venezolano es anterior a la adopción de las sanciones. A su vez, las importaciones de comida y medicamentos disminuyeron antes de la imposición de las sanciones, según importantes economistas entrevistados por Human Rights Watch.

No obstante, en una economía petrolera, como la venezolana, la disminución en los ingresos petroleros desde 2017 ha limitado la disponibilidad de recursos gubernamentales, según varias de las fuentes entrevistadas por Human Rights Watch. Los especialistas mencionaron varias causas para la disminución de los ingresos, incluyendo las sanciones y mala gestión. El precio del petróleo, que en marzo llegó a niveles históricamente bajos, también afecta los ingresos.

No hay garantías de que, durante la gestión de Maduro, las autoridades venezolanas – que han contribuido al colapso del sistema de salud, han estado implicadas en corrupción de alto nivel y han usado los ingresos petroleros para, por ejemplo, reducir la deuda por USD 6.500 millones que PDVSA mantiene con la petrolera rusa Rosneft – hubieran usado los ingresos petroleros para brindar asistencia humanitaria a la población venezolana, sostuvo Human Rights Watch.

En los últimos meses aumentó la cantidad de organizaciones humanitarias que operan dentro del país y de ayuda que llega a Venezuela, aunque sigue siendo muy limitada en comparación con la enorme magnitud de las necesidades. Según el informe de situación más reciente sobre Venezuela elaborado por la OCHA, el Plan de Respuesta Humanitaria de 2019 para Venezuela—el primero destinado al país— recibió $ 75,9 millones (o el 34 %) de los $ 223 millones que necesitaba.

El Panorama Global Humanitario 2020 de la ONU estimó que se necesitarían destinar USD 750 millones a un Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en 2020, de los cuales USD 72.1 millones se apartarían para destinarlos a la respuesta a la Covid-19 bajo el nuevo plan de la ONU para hacer frente al brote de coronavirus. Estas iniciativas todavía no cuentan con el total de fondos solicitados. Un llamamiento especial para abordar la Covid-19 en Venezuela pidió USD 61 millones para tres meses, pero ha recibido USD 14 millones. Los gobiernos extranjeros podrían contribuir a responder a la crisis humanitaria en Venezuela financiando estas iniciativas, según Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins.

Por otra parte, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y algunos gobiernos latinoamericanos también han impuesto sanciones individuales contra funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción o narcotráfico. Estas sanciones individuales no están relacionadas con la situación humanitaria en el país, pero los gobiernos que las imponen deberían asegurarse de que continúe siendo así.

Fuente: Human Rights Watch