El 25 de enero de 2016, los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) solicitaron una medida de protección para los niños, niñas y adolescentes que padecen el desabastecimiento producto de la crisis de salud. El 27 de octubre pasado, tras apelaciones ante varias instancias, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso. La Sala Constitucional era la última instancia nacional a la que se podía recurrir.

Casi un mes después se desconocen las razones de esta sentencia. Ese 27 de octubre, la Sala tomó 127 decisiones que pueden consultarse en la página web de la institución, con excepción de tres, una de ellas la que da respuesta al recurso de Cecodap. El caso fue analizado por la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson.

La ONG pidió a la Sala Constitucional que admitiera el recurso que ya había negado la Sala de Casación Social y que otorgara a los niños la protección que se pide desde hace dos años.

“Hubo un retraso injustificado del tribunal de 9 meses.  La sentencia cierra cualquier alternativa judicial para la protección de los niños frente al desabastecimiento de medicamentos. Independientemente de los argumentos que pueda exponer el TSJ se profundiza el estado de indefensión de los niños, se persiste en negar el problema y no hay acciones efectivas para superar la crisis. En definitiva: seguirán muriendo niños”, advierte Trapani.

En las ocasiones anteriores, el Tribunal 14º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la medida solicitada por el abogado al alegar que no existía tal desabastecimiento y que las familias eran corresponsables junto al Estado de adquirir las medicinas. Desde enero de 2017, la escasez de medicinas se ubica en 90% en promedio, de acuerdo con organizaciones del sector salud.

Luego, el Tribunal Superior 3º del Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas repitió los argumentos y agregó que el gobierno implementó el Decreto de Emergencia Económica como una política pública para proteger a los niños, a pesar de que Cecodap había documentado el expediente con 21 casos reseñados en medios de comunicación de pacientes menores de edad que habían sufrido las consecuencias de la crisis, algunos, incluso, hasta morir.

“Los casos más emblemáticos son los del servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos. Samuel Becerra murió no solo por la contaminación de los tanques de agua, sino también por el suministro irregular de los antibióticos. Larry Devoe (Secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos) dijo que ese era un hecho puntual y no se dio cuenta de que estaba sentado frente a la consecuencia del hecho puntual”, critica Trapani. La muerte de Samuel fue una de las siete que se dieron en el Hospital de Niños este año tras el brote de bacterias por contaminación en las máquinas de diálisis.

El asesor de Cecodap pedirá al TSJ que le permita acceder al expediente para conocer las razones de la negativa del tribunal. Evaluarán la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

Fuente: El Estímulo