Las organizaciones no gubernamentales en Venezuela están siendo objeto de criminalización y descrédito por parte del régimen de Nicolás Maduro, ante el auxilio que han brindado para llenar el vacío que deja el Estado en sus obligaciones de garantizar el derecho a la salud y la vida, luego de que el presidente Juan Guaidó anunciara la llegada de ayuda humanitaria al país.

Durante la semana pasada hubo tres episodios que alertaron a la sociedad civil que defiende el derecho a la salud de las personas con VIH: la sede de la Fundación Mavid, ubicada en el estado Carabobo fue allanada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alegando que vendían medicinas vencidas, según denuncias que habría recibido la institución policial.

Mientras que los miembros de las organizaciones Conciencia por la Vida, en Lara, y la Fundación Renacer, ubicada en Portuguesa, fueron hostigados por autoridades que están averiguando si los medicamentos que ellos entregan forman parte de la ayuda humanitaria que anunció Guaidó.

El presidente de la Fundación Mavid, Eduardo Franco, denuncia que su organización fue allanada el viernes 15 de febrero sin orden judicial luego de que realizara una rueda de prensa -días antes,- en el que dio a conocer sobre la llegada antirretrovirales al país, y en la que denunció que durante el año 2018 murieron 1.200 personas con VIH por la ausencia de antirretrovirales en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), y 12 en lo que va de 2019.

Luego de la denuncia realizada, la fundación recibió las quejas del ministerio de Salud que buscaba indagar sobre la verificación de esas cifras, alegando que “ellos eran el Estado y que eran el poder“. Por esta razón, Franco entregó a las autoridades copias de las actas de defunción que verificaban la muerte de personas con VIH.

Franco advierte que el allanamiento a la fundación se realizó cuando estaba cerrada, no había personal de la misma adentro. Una vez llegaron miembros de la junta directiva no les permitieron hacer el inventario de lo que el Cicpc se estaba llevando, que incluía medicamentos (antirretrovirales, antihipertensivos), preservativos que habían sido donados por ONU Sida, fórmula láctea para 25 niños de madres con VIH, computadoras de la organización, papelería e información confidencial sobre las personas que ellos atiende, “violando la ley de protección de confidencialidad de las personas con VIH, condones y estudios de prevalencia que realiza dicha fundación en alianza con ONU Sida“, explica.

El defensor de personas con VIH explicó que la información confidencial que se llevaron los miembros del Cicpc incluye copias de actas de defunciones, más de 6.000 denuncias sobre la escasez de antirretrovirales, en donde se verifica la muerte por la ausencia de medicamentos para su condición así como para enfermedades oportunista, “lo que constituye crímenes de lesa humanidad“.

“Nunca hemos hecho ventas de medicamentos en la organización. Todos los servicios de Mavid son totalmente gratuitos”, advirtió Franco en respuesta a las declaraciones del director general del Cicpc, Douglas Rico.

El representante de Mavid recuerda que desde 2015 muchas personas con VIH han optado por tomar antirretrovirales vencidos para evitar morir por su condición.

La rueda de prensa sirvió también para que Franco denunciara que no hay reactivos para realizar pruebas de VIH gratuitas en ningún hospital del país, ni hay reactivos para carga viral. “Queremos exigirle al Estado venezolano que cumpla sus obligaciones en garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas con VIH“.

Franco instó al CICPC a revisar los almacenes del ministerio de Salud que está lleno de medicamentos vencidos que nunca fueron repartidos por las autoridades, ocasionando muertes que pudieron prevenirse.

En ese sentido, Alberto Nieves, director general de Acción Ciudadana contra el Sida denunció que en el hospital Vargas, en Caracas el ministerio de salud está entregando el antirretroviral Ansabir vencido que por su textura se puede evidenciar que no son actos para el consumo humano. También lo estaban distribuyendo en los estados Carabobo y Portuguesa.

“¿Qué autoridad moral tiene el Estado para criminalizar a las organizaciones no gubernamentales por tener medicamentos vencidos si el mismo Estado a través del ministerio de Salud está entregando antirretrovirales caducados?“ se pregunta Nieves.

Los representantes de la Red Venezolana de Gente Positiva advirtieron que cualquier situación que amenace la vida de las personas que forman parte de las organizaciones no gubernamentales será responsabilidad de Carlos Alvarado (ministro de salud) Bermúdez y Nicolás Maduro (presidente que usurpa el cargo). “Pedimos ayuda en el ámbito internacional porque nos están persiguiendo como si fuéramos delincuentes“, señaló Nieves.

“Lo único que nosotros hacemos es ayudar a salvar vidas en esta emergencia. Nosotros venimos haciendo ayuda humanitaria hace más de 30 años. Fue la Red Venezolana de Gente Positiva la que logró ayuda del Fondo Global gracias al trabajo de activistas nacionales e internacionales, y a pesar de que el primer lote de medicinas (100 mil frascos para 42 mil personas) llegaron el 23 de diciembre al país, hace una semana comenzaron a distribuirlas porque son incapaces de atender las necesidades de la población“, acota Franco.