Una investigación realizada por Ipys Venezuela en 22 salas de urgencias pediátricas de los mayores centros públicos de salud de Venezuela confirmó que a los familiares de los niños enfermos se les impone la obligación de buscar las medicinas e insumos que el Estado no puede dotar a pesar de que es su obligación. Ese es el mal más visible de un sistema estatal de atención de emergencias que también padece de déficit de personal, de equipos e incluso de cupos y cuyo desempeño refleja la crisis hospitalaria.
Padres subsidian urgencias pediátricas del gobierno
“Joan tiene una crisis de asma que no le deja respirar. Ingresé en la emergencia del hospital y aquí no hay para darle las diez dosis de nebulización que necesita. Gracias a una enfermera que tenía un frasco de gotas de sobra se le pudo dar la primera. Debo completar el tratamiento, pero eso es muy difícil porque en las farmacias las gotas que debo comprar no se consiguen” Yoriangel Yegué, Emergencia del Hospital José Manuel de los Ríos, Caracas, 6 de marzo de 2017, 10:20 a.m.
Salbutamol. Ese es el nombre del fármaco que no estaba disponible en la sala de urgencia del principal hospital pediátrico de Venezuela y que necesitaba el pequeño Joan, de un año edad, para ser atendido con prontitud. El broncodilatador figura en la Lista de Medicamentos Esenciales publicada por el gobierno en 2015. En ella se mencionan todas las medicinas que obligatoriamente deben estar en los inventarios de los centros públicos de salud. Su carencia en la institución había alejado la posibilidad de una asistencia inmediata para el bebé. Solo fue gracias a la solidaridad de una enfermera que el infante recibió el primer tratamiento para volver a respirar con normalidad y superar la angustia y el sufrimiento de no poder tomar aire en paz.
Así como él requería de un broncodilatador, Yosef, de cuatro años, quien estaba recluido en la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal (Táchira), necesitaba de antiinflamatorio en ampollas para aliviar las dolencias que le dejaron unas quemaduras que sufrió. Para Jesús, de 11 meses de nacido, no se encontraba un antibiótico en la sala de urgencia del Hospital Universitario de Maracaibo (Zulia). A Victoria, de tres años de edad, ni siquiera se le podía administrar un medicamento para controlarle la fiebre porque no había inyectadoras en el departamento de casos urgentes del Hospital Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná (Sucre). A Josymar, de seis años, no había cómo hacerle una placa de rayos X en su mano fracturada en el Hospital Alfredo Van Grieken de Coro (Falcón). Ellos, como otros niños de Venezuela, han sufrido por las fallas de una red pública de emergencias pediátricas, cuyas limitaciones en la disponibilidad de medicinas, insumos, equipos y servicios auxiliares básicos dificultan a diario la atención oportuna de los pequeños y la posibilidad de garantizarles el derecho a la salud.
Un total de 22 salas de urgencias de los mayores centros públicos del país fueron visitadas por periodistas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela en el marco de una investigación adelantada en alianza editorial con reporteros de El Pitazo. En ellas se conversó no solo con médicos y personal de las instituciones, sino con 43 padres o familiares de niños enfermos que describieron qué les pidieron comprar para atender las emergencias vividas por sus pequeños. La mayoría mostraron a los reporteros del presente trabajo las facturas, los récipes o los informes médicos de solicitudes comúnmente relacionadas con productos que no estaban disponibles en los centros estatales, incluidos broncodilatadores, antibióticos básicos, analgésicos de primera línea o sales de rehidratación oral recetados para problemas respiratorios, infecciones, traumatismos y cuadros diarreicos que constituyen las primeras causas de morbilidad atendidas en las unidades de emergencia de la red hospitalaria del Estado que tiene la obligación de brindar una atención integral y gratuita.
Las respuestas confirmaron que papás y mamás dependen de sus bolsillos, de la caridad de terceros o de la suerte en un panorama de escasez general para procurar lo que en las salas de urgencias oficiales no se encuentra para curar las dolencias agudas de los niños. Quienes tienen ingresos suficientes logran costear medicinas, insumos y otros exámenes, si alcanzan a conseguirlos en las farmacias, laboratorios, clínicas privadas o en el creciente mercado negro que prospera alrededor de los hospitales. Los que no tienen los medios económicos les toca otro destino: recorrer varios centros públicos de salud con la esperanza de encontrar un servicio con condiciones para recibir a sus hijos.
Las visitas a las salas (14 del interior y 8 de Caracas, dependientes del Ministerio de Salud o del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) permitió constatar que la capacidad de resolución de casos en los servicios de emergencia está obstaculizada y eso impide frecuentemente que los especialistas logren observar y estabilizar a un niño en menos de 24 horas, como lo indica el vigente Reglamento de Emergencia y Medicina Crítica, aprobado por el antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y publicado el 21 de mayo de 1993 en Gaceta Oficial. Las carencias no solo alejan las emergencias del cumplimiento de las regulaciones nacionales, sino de las recomendaciones de organizaciones globales como la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, que establece como norma básica que para el correcto cuidado de los infantes en ese tipo de servicio debe existir una provisión suficiente e ininterrumpida de fármacos e insumos las 24 horas del día y un arsenal de equipos en funcionamiento permanente.
“Mi hijo Ismael, de tres años, sufrió una quemadura en la mano derecha. La metió en unos cables y la descarga eléctrica le abrió el dedo. Cuando llegué acá no tenían antibióticos. Le recetaron amoxicilina y la tuve que comprar en una farmacia privada” Rubmary Veliz, Emergencia Pediátrica del Hospital Domingo Luciani, Caracas, 6 de junio de 2017, 11:00 a.m.
Veliz inicialmente había llevado a su hijo al Hospital Luis Salazar Domínguez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Guarenas, en Miranda, pero allí no lo recibieron porque faltaban equipos para hacer seguimiento de los signos vitales del niño. Luego se desplazó con inmediatez al Domingo Luciani de El Llanito donde sí disponían de los aparatos, pero no de uno de los antibióticos pediátricos que más escasean en el país: “Cuando llegamos acá pasé dos horas en el cuarto para niños asmáticos mientras esperaba una cama. La doctora me había dicho que necesitaba el antibiótico, porque en el hospital no lo había y solo estaban colocando dos presentaciones que el niño no requería. Las mandé a comprar en la calle y con mucha fortuna las conseguí por apenas 300 bolívares en una farmacia ”.
La institución donde fue recluido el hijo de Veliz forma parte de la red de siete centros de salud tipo IV –los de mayor capacidad de atención según las normativas venezolanas– que están localizados en el área capitalina y disponen de emergencias pediátricas. Además de las existentes en el J.M. de los Ríos y en el Domingo Luciani, se encuentran las de los hospitales Universitario de Caracas de la UCV, José Ignacio Baldó de El Algodonal, Miguel Pérez Carreño de La Yaguara, José María Vargas de Cotiza y José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia. Una octava que está entre las principales de Caracas funciona en el Hospital Materno Pastor Oropeza de Caricuao, el único pediátrico tipo III incluido en la muestra del presente reportaje. Todas fueron visitadas por reporteros de este trabajo en diferentes días y horarios y en cada uno de estos centros asistenciales fueron identificados casos de familiares de infantes que necesitaron buscar productos o servicios fuera de los muros de las instituciones.
Paradojas como la del hospital de El Algodonal saltaron a la vista, por ejemplo. La institución está especializada en la atención de emergencias de pacientes con cuadros respiratorios, pero allí no había broncodilatadores para Micaela, de cinco años de edad, quien atravesaba una crisis asmática en marzo pasado. “La recibieron a las nueve de la noche, pero mi esposo con toda la inseguridad que existe en Venezuela tuvo que salir a buscar la medicina y mientras la conseguía usamos un poco que nos había regalado una comadre. Nunca había pasado por una experiencia así”, dijo Patricia Cardoza, madre de la niña.
En otros de los centros de la capital venezolana el mismo tipo producto escaseaba por esos días incluido el Hospital Universitario de Caracas, donde se forman los galenos egresados de la Universidad Central de Venezuela. Allí solo tenían en inventarios una mínima cantidad procedente de una donación cuando Bisenia Agustiniano ingresó a la emergencia con su hija de cinco años por un broncoespasmo que la aquejaba. “Mi otro hijo también es asmático y mi rutina es andar en busca de las gotas e inhaladores por si llegan a sentirse mal pero tengo dos años sin hallar Salbutamol”, relató Agustiniano. Richard Rangel, médico residente de la emergencia pediátrica del hospital universitario, afirma que a diario atienden a una centena de niños y que la mayoría de las veces no tienen otra opción sino la de hablar con honestidad con sus padres: “Nuestro trabajo buena parte del tiempo se limita a dos cosas: diagnosticar y recetar las medicinas que les deben comprar”, admitió el especialista, quien coincidió con otros médicos y enfermeros en que el suministro la sala es intermitente.
Una frustración semejante se evidenciaba en las respuestas que los médicos del servicio de urgencias del J.M. de los Ríos, centro nacional de referencia del sistema público de atención pediátrica, aportaron por escrito a auditores de la Contraloría General de la República que les remitieron en junio de 2016 un cuestionario que indagaba sobre la situación de la emergencia. Las condiciones de trabajo les hacían llegar a una conclusión: “No se puede prestar una atención de calidad a los pacientes a fin de garantizar la salud como lo expresa la Carta Magna, la Constitución venezolana”.
La lista de productos escasos se paseaba desde los protectores gástricos a los antialérgicos. Christhian Cano, médico residente del servicio de urgencias, entrevistado para este reportaje, afirmó que las fallas de dotación incluyen antibióticos especiales para tratar bebés menores de tres meses con fallas respiratorias y que en los inventarios disponibles hay productos con dos años de vencimiento que igualmente se han administrado a infantes con infecciones: “Atendemos muchos enfermos y tenemos dos años presentando fallas en las provisiones”.
“Mi dos hijos sufrieron quemaduras de segundo grado. El menor tiene un año y está en cuidados intensivos y el otro de tres años permanece en la emergencia. Acá la atención ha sido buena, lo malo es que debemos correr para buscar medicamentos. Mi esposo, desde que llegamos, ha recorrido toda San Cristóbal buscando ampollas de antibióticos y otros tratamientos como adrenalina que tuvimos que pedirle a familiares en Colombia” María Jaime, Emergencia Pediátrica del Hospital Central de San Cristóbal, 5 de junio de 2017, 8:00 a.m.
Las carencias registradas en las áreas de urgencias ocurren en un contexto que compromete al Estado por el incumplimiento del cuarto objetivo del Milenio que implicaba la reducción de dos tercios de la mortalidad infantil para 2015. Para lograrlo las autoridades debían, entre otros puntos, implementar una estrategia integral de manejo de enfermedades infantiles. Los últimos datos disponibles, sin embargo, evidencian un repunte en el número de niños fallecidos que no llegaron a su primer cumpleaños. En 2016 murieron 11.466, un tercio más que el año anterior según datos oficiales. La Asamblea Nacional declaró el año pasado que en el país hay una crisis humanitaria, que es negada por el gobierno de Nicolás Maduro que afirma que la situación nacional es producto de una “guerra económica” desatada por sus adversarios.
La constitución de las primeras unidades de emergencia pediátrica en Venezuela en hospitales generales y especializados ocurrió a principios de los años 80 y formó parte de una iniciativa del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que apuntaba precisamente a contribuir en la reversión de las tasas de mortalidad infantil que a finales de esa década e inicios de la siguiente se situaban en aproximadamente 25 decesos por cada 1.000 nacidos vivos. Cálculos independientes recientes indican que el índice actual del país es cercano a los 20 fallecidos por cada 1.000 nacimientos, lo que ha supuesto para los expertos un retroceso en el que los más pobres han llevado la peor parte.
La historia de las emergencias como se conocen en el presente está asociada justamente a la atención de comunidades desfavorecidas. Así surgieron, por ejemplo, en Estados Unidos para cubrir poblaciones de bajos recursos en ciudades como Chicago y Los Ángeles. Si bien al principio la asistencia estaba centrada en los adultos, tiempo después los servicios fueron ampliados para brindar auxilio especializado a los niños y hace aproximadamente cuatro décadas la especialidad pediátrica adoptó un campo propio. Con relativa rapidez Venezuela adoptó las innovaciones, pero la situación actual de ese tipo servicios evidencia que las personas con menos recursos no necesariamente son a las que mejor les va en las salas de urgencia estatales.
“Jhon Endry tiene pocos días de haber nacido y está enfermito con una bronquitis. Cuando acudí al hospital, me pidieron soluciones, antibióticos y hasta las inyectadoras. Si no compraba eso a tiempo no me lo iban atender”
Yuranis González, Emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, 30 de mayo, 9:30 a.m.
González logró salvar la situación para poder internar al neonato, pero luego de que fue remitido a hospitalización la presión continuó. “Al subir al piso hay que tener dinero, porque piden la solución, los pañales, los medicamentos y todo lo demás”, relató en medio de la desesperación. El panorama de las emergencias de niños en el interior no es mejor que el que se observa en la capital. Maricarmen Morales, jefa del servicio en el Hospital de la Universidad de Los Andes en Mérida, respondió para este reportaje que además de medicamentos básicos también echa de menos productos elementales como los de limpieza para mantener la asepsia del área. En la institución, los pediatras protestaron el 3 de junio de 2017 y colocaron una serie de pancartas en las que indicaban que los pacientes debían costear todos los fármacos y materiales para ser atendidos. La emergencia pediátrica no fue la excepción, a pesar de ser un área para la atención de una población vulnerable.
Fuente: Ipys Venezuela