En la Asamblea Mundial de la Salud que se lleva a cabo en la ciudad de Ginebra, la representante del Estado Venezolano, Indhriana Parada, viceministra de Salud, le mintió a la comunidad internacional al negar una vez más la emergencia humanitaria compleja que vive el país. En ese sentido, aseguró que el sistema sanitario ha tenido una profunda transformación, pasando de un “sistema de salud asistencialista, privatizador a uno integral, de accedo gratuito y universal“.
En cuanto al acceso y cobertura universal de salud Parada señaló que “Venezuela cuenta con la misión Barrio Adentro 100% cobertura“, lo que no dijo la funcionaria es que la misión en este momento tiene 20% de sus servicios operativos.
Parada aseguró que el bloqueo financiero le ha impedido al Gobierno realizar operaciones bancarias para adquirir vacunas y medicamentos a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la OPS, responsabilizando de ello, el retraso o ausencia de los planes de vacunación en el país.
Sin embargo, el Estado venezolano adeuda solo 18 millones de dólares a la OPS, y recientemente se dio a conocer que Venezuela compró petróleo para Cuba por 450 millones de dólares, es decir, que dinero para comprar medicinas sí tendría.
Adicionalmente, “existen fondos disponibles para traer vacunas al país, de hecho, la OPS ha traído vacunas suficientes a través del fondo rotatorio y a través de aportes de países“, señala Francisco Valencia, director de Codevida.
Por otro lado, la funcionaria aseguró que “suministramos de manera gratuita los medicamentos de alto costo a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, nuestro país asume el 100% del costo de estos costosos tratamientos. De acuerdo a la exposición de Parada, “Venezuela garantiza el suministro de antirretrovirales de hasta 12 combinaciones diferentes, la entrega de medicamentos oncológicos, inmunosupresores, hematológicos y hemoderivados. Se entregan más de 210 principios activos de alto costo a más de 69 mil pacientes registrados de manera gratuita“.
Sin embargo, Codevida ha venido reportando la escasez prolongada de medicamentos de alto costo, que ha ocasionado daños irreversibles a personas con condiciones de salud crónica, e incluso la muerte. “Existe una ausencia absoluta de los medicamentos antirretrovirales, no hay ninguno disponible en el país. En cuanto a los inmunosupresores hay una ausencia del 90% de los inmunosupresores y ha sido de escasez prolongada, poniendo en riesgo el órgano y la vida del trasplantado“, afirma Valencia.
Las 4.990 personas con hemofilia se encuentran privadas de factores de coagulación desde hace varios años. En enero de 2016 el Centro Nacional de Hemofilia reportó un 50% de fallas severas en la distribución y entrega del tratamiento profiláctico para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica debido a que los factores que comprende este tratamiento fueron retirados de la lista de compras del IVSS. Hasta diciembre de 2016, habían fallecido 12 personas por hemorragias, entre ellos 5 niños y 1 adolescente. En 2017, fallecieron 22 personas y 270 corren el peligro de perder la vida.
En 2017, la Red Defendamos la Epidemiología de la Sociedad Venezolana de Salud Pública denunció el agotamiento de los 31 medicamentos para tratar los distintos tipos de cáncer de mayor recurrencia en Venezuela, afectando a unas 55.000 personas con cáncer. A su vez, la Sociedad Venezolana de Oncología (SVO) alertó no poder ofrecer a las personas con cáncer posibilidades de sobrevivencia debido a que las autoridades no garantizan los múltiples medicamentos utilizados para tratar la enfermedad, incluyendo quimioterapia. La escasez también abarca medicamentos biológicos y terapias para estadios tempranos y avanzados, comprometiendo la probabilidad de curación y aumentando las recaídas.
“En Venezuela no existe una crisis humanitaria“, aseguró Parada, al tiempo que exigió que se le levanten “las medidas coercitivas (…) que le permita al pueblo venezolano seguir transitando su revolución pacífica“.
Venezuela se encuentra en una emergencia humanitaria compleja producto de políticas del gobierno dirigidas al quiebre de las instituciones del Estado y el orden democrático del país, que están provocando profundos y masivos daños a la vida y al bienestar social de los venezolanos. Los rasgos de esta emergencia en materia del derecho a la salud son una escasez prolongada y el retiro de medicinas e insumos médicos de alto costo a 300.000 personas en condiciones crónicas, las cuales dependen de los recursos y programas que dejaron de garantizar los organismos públicos de salud y seguro social, particularmente desde el año 2016, y el riesgo a las que están expuestas otras 4 millones de personas con distintas necesidades de salud que ya no pueden acceder a medicamentos esenciales ni a una atención mínima adecuada por la extrema precariedad en la que ha quedado la infraestructura y las capacidades operativas del sistema de salud público, el cual representa 90% de la disponibilidad de medios sanitarios en el país, y se abastece en casi su totalidad de importaciones bajo reserva del Estado a través del control de divisas, reducidas en más del 60% para salud y alimentación a partir del año 2014.