La Fiscal General Luisa Ortega se dirigió al país Me dirigió al país con la intención desconocer el origen, proceso y presunto resultado de “la inmoral Constituyente presidencial“, que por mandato Constitucional tiene como funcionaria pública.

Ortega explicó que  “todo lo que compete a un Estado debe estar revestido de legitimidad y la Constituyente presidencial no tiene legitimidad… esto es una burla del pueblo y a su soberanía. Ahora veremos un poder absoluto, en manos de una minoría, mucho poder pero un grupito detentándolo, en una estructura de Gobierno reforzada que acaba definitivamente con el derecho al sufragio, separaciones de poder, que es la única garantía de control de la Administración Pública, se va a acabar la libertad de expresión, el derecho a manifestar pacífica y públicamente todos los derechos políticos están en peligro, estamos frente a una ambición dictatorial“.

La fiscal no dejó pasar el hecho de que la situación actual “ocurre cuando el país está viviendo la más cruenta crisis política, económica, y social. La más cruenta crisis que hayamos padecido, ni en la Guerra Federal, ni luego de ella se ha vivido la crisis que actualmente está viviendo este país, con una escasez de alimentos y medicinas inimaginables incluso en los países en guerra“.

A su juicio, “lo que ha hecho la Constituyente presidencial es incrementar la ola de protestas, así como aumentar la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos cuatro meses tenemos el saldo lamentable de 121 personas fallecidas, 1.958 lesionados“, en ese sentido Ortega advierte que en Venezuela “pudiéramos estar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos“. Por ello, asegura que  la prioridad para el presidente -con la Constituyente-  “no es acabar con la escasez de alimentos y medicinas, sino acabar con este Ministerio Público, y acabar con todo aquello que sea un obstáculo para el poder absoluto… estamos frente a un delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria inconstitucional de la Constituyente presidencial: se violó el sagrado derecho a la soberanía, y todo lo que ha ocasionado (muertes, homicidios), extorsión de los funcionarios públicos para ir a votar“, afirma.

En ese sentido, Ortega informó que ha ordenado una investigación penal, que estaría dispuesta a llevar instancias internacionales en caso de que intenten removerla de su cargo con la Constituyente. Sobre los delitos de lesa humanidad aseguró que su despacho tiene un cúmulo de pruebas para garantizar se sancionen a los responsables. De acuerdo a ello, asegura que “de las muertes ocurridas en el contexto de las manifestaciones, al menos 25% son producto de la acción del Estado y 40% por la acción de civiles armados que actúan en contra de los manifestantes. Esto sin contar las innumerables denuncias por torturas, lesiones, tratos crueles, detenciones arbitrarias, violaciones de domicilio y destrucción de la propiedad privada“, acota.

La violación a los derechos humanos forma parte de una lógica que busca ejercer el poder sin limite alguno “estamos ante un delito de lesa humanidad que se ha venido ejerciendo de manera sistemática y sostenida, que empezó con la convocatoria”

Pero no fue la única denuncia que hizo, la funcionaria público también hizo hincapié en lo hechos de corrupción que han desfalcado al Estado: “mientras los factores de poder son protagonistas de hechos de corrupción y mantienen miles de millones de dólares en la banca extranjera millones de venezolanos padecen de hambre y enfermedad“ 

De acuerdo sus declaraciones, el Ministerio Público tiene actualmente 36.424 investigaciones por corrupción, siendo el caso Odebrecht el que más aseguró tenerla preocupada. De acuerdo a Ortega, en 2008, el director de FAO dijo que se necesitaban 30 mil millones de dólares anuales para erradicar el hambre en el mundo, siendo éste es el monto que el Estado venezolano desembolsó a Odebrecht en once obras de infraestructura que están inconclusas, entre ellas, el tercer puente sobre el río Orinoco y el metro Caracas-Guatire. Esas obras están paralizadas, ¿quién se hace responsable de eso? ¿a quién le reclamamos? ¿quién le da la cara al país de ese desfalco?“, se preguntó.

“Esta Constituyente presidencial es otra cortina de humo para ocultar corrupción, la violación de derechos humanos, y la grave crisis que atraviesa Venezuela“, sentenció la fiscal