La escasez de alimentos y de medicinas que sufren los venezolanos alarma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que este martes le exigió al Gobierno que acepte la ayuda que otros países y organizaciones internacionales le han ofrecido en los últimos meses para paliar la situación porque “es claro que por las razones que fuera no puede atender” las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo de Nicolás Maduro rechazaron de plano esta posibilidad alegando que no necesitan que les “regalen nada”.

“La CIDH no solo exhorta sino exige al Estado de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que se ofrece porque es claro que por las razones que fuera no puede atender su deber y garantía de protección de derechos fundamentales”, espetó el comisionado peruano Francisco Eguiguren, encargado de analizar la situación del país, al concluir la audiencia pública sobre la situación de la alimentación y la salud que la instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concedió a varias organizaciones de la sociedad civil, en el marco de su 167 período de sesiones, que por estos días celebra en Bogotá (Colombia).

La demanda al Gobierno revela que a la Comisión el tema de la crisis humanitaria del país le preocupa más cada día que pasa. Aunque en su informe “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, publicado la semana pasada, el organismo ya había calificado de “inaceptables” las privaciones que venían sufriendo los venezolanos en las recomendaciones solo instaba a las autoridades a tomar las medidas necesarias para revertir la situación y no hacía ningún llamamiento a aceptar la ayuda internacional.

Sin embargo, en la audiencia recibió insumos más que suficientes para elevar su tono frente al Ejecutivo.

“Durante el 2017 y enero de 2018 se contabilizaron 50 rechazos agudos de órganos y siete personas fallecidas por falta de inmunosupresores. Entre 2016 y 2017 perdieron la vida 34 personas con hemofilia por hemorragias, por no conseguir factores de coagulación. Unas 66 mujeres fallecen diariamente por cáncer de mama, unas 4 millones de personas están en riesgo y han ido falleciendo por la escasez generalizada de medicinas y las deficiencias de los servicios de salud pública”, informó Francisco Valencia, de la organización Codevida.

Seguidamente, representantes de agrupaciones como Prepara Familia y Convite reportaron a la CIDH que cada día fallecen en Venezuela dos mujeres debido a complicaciones durante el embarazo y que 32 niños mueren antes de cumplir el año también diariamente, mientras que 70 % de las personas con VIH no recibieron el año pasado su tratamiento de forma regular.

Por su parte, las voceras de Transparencia Venezuela y del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Mildred Rojas y Susana Raffali, respectivamente; expusieron ante el organismo que la escasez de alimentos en el país es producto de las políticas de controles y persecución a la iniciativa privada del Gobierno.

“De las 536 empresas propiedad del Estado, 71 pertenecen al sector agroalimentario siendo improductivas e ineficientes”, afirmó Rojas, quien denunció que el hecho de que los militares sean quienes manejen buena parte de ellas tampoco ayuda y por el contrario fomenta la corrupción.

Por su parte, Raffali tras informar que el desabastecimiento de alimentos alcanzó el año pasado 86 % y la inflación acumulada fue de 2616 % aseveró que “64 % de las personas adultas perdió 11 kilogramos de peso en el último año”.

No hay mejor ciego que el que no quiere ver

Pese a este panorama, el Ejecutivo dejó en claro que no pretende abrirle las puertas a la cooperación internacional. “Venezuela no necesita que nos regalen nada (…) Venezuela tiene capacidad para comprar y proveer a su población de sus derechos”, soltó el agente del Estado ante la CIDH, el también secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe.

Las palabras del funcionario no quedaron sin respuesta y así el representante de Codevida le espetó que él, quien es trasplantado, tiene meses sin recibir su tratamiento. Devoe responsabilizó de las fallas en los suministros a las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a algunos funcionarios y a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las medidas de la Casa Blanca fueron adoptadas a mediados de 2017, pero las mismas no afectan la adquisición de alimentos ni medicinas y antes de que fueran aprobadas el país ya padecía una escasez que en algunos rubros superaba el 80 %, de acuerdo con economistas y cámaras industriales.

“Nosotros queremos que cese la persecución financiera y que podamos comprar lo que necesitemos”, insistió el abogado del Estado.

Por su parte, Ricardo Rosales, de Espacio Público, denunció que el secretismo y la opacidad con la que se manejan las autoridades impiden a los especialistas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos de a pie debatir con propiedad sobre los problemas que afectan el país.

“Desde 2015 no existe rendición pública de cuentas sobre empresas estatales ni datos oficiales sobre escasez ni inflación en alimentos”, dijo, al tiempo que agregó: “En 2016 Espacio Público presentó 91 peticiones de información al Estado, de las cuales una fue respondida”.

Jalón de oreja

Pero la CIDH no solo le exigió al Gobierno aceptar la ayuda internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas, sino que de paso le reclamó que “levante las sanciones unilaterales” y le permita visitar el país para constatar in situ la situación de los Derechos Humanos.

La última vez que el organismo visitó el país fue en 2002, a los pocos meses del fallido golpe contra el desaparecido Hugo Chávez y desde entonces las autoridades le han negado las visitas alegando que durante esos sucesos se posicionó junto con quienes trataron de derrocar al Gobierno y porque está parcializada.

La negativa a permitir la visita, aunado al bloqueo a la Asamblea Nacional y a las denuncias sobre abusos y excesos que ha recibido han motivado a la Comisión a colocar otra vez al país en el capítulo IV de su informe anual, conocido como la “lista negra” de los Derechos Humanos.

Fuente: Crónica Uno