La adopción por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, principal órgano intergubernamental dentro del sistema,  de una resolución sobre Venezuela el 27 de septiembre de 2018 muestra la preocupación creciente de gobiernos de todo el mundo por emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos en el país.

La resolución manifiesta una profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Afirma que el gobierno venezolano debería abrir sus puertas a la asistencia humanitaria para hacer frente a la “escasez de alimentos y medicamentos,” al “aumento de la malnutrición” y al “brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur”. Asimismo, solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que presente un informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela al Consejo durante su 39.º período de sesiones, en junio de 2019, y que provea una actualización oral en los períodos de sesiones de marzo y septiembre.

La resolución se aprobó con un voto de 23 contra 7 y 17 abstenciones. La resolución recibió el apoyo de delegaciones de todos los continentes. Fue presentada por 11 gobiernos de América—Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay y Perú— que han sido claves para que se incluyera la situación en Venezuela en la agenda del Consejo de Derechos Humanos. Más de 40 Estados Miembros de la ONU apoyaron la resolución.

En junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que describe abusos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, torturas y la brutal represión de opositores. La ausencia de instituciones democráticas independientes ha propiciado en el gobierno una cultura de impunidad absoluta.

Sobre la resolución, Bachelet pide al Gobierno de Venezuela que deje entrar al país a los investigadores de Naciones Unidas. La Alta Comisionada explicó que en caso de no recibir el acceso de ingreso, de todas maneras la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y reporte, incluso con o sin dicha resolución.

“Si no podemos entrar, lo hacemos desde un país de afuera, pero si hay acceso obviamente hay la posibilidad de contar con la versión oficial. La mejor forma de que un informe salga imparcial, sin sesgo y lo más neutral posible es que tengamos acceso a todos los actores“, sentenció Bachelet.