(Washington, 18 de abril) – La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos latinoamericanos deben ejercer una firme presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que adopte medidas que solucionen la grave escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, que está provocando que muchos venezolanos huyan del país.
Decenas de miles de venezolanos han escapado de una crisis humanitaria que su gobierno niega que exista, y a la cual no está dando una respuesta adecuada. Miles se han ido a Brasil, en muchos casos entrando a través de la frontera de Venezuela con el estado brasileño de Roraima. Algunos buscan ser acogidos allí como refugiados, otros intentan encontrar trabajo temporario y algunos viajan para obtener asistencia médica que necesitan con urgencia. La migración sin precedentes de venezolanos está poniendo al límite de su capacidad al sistema público de salud de Roraima, que ya estaba saturado, y está colapsando el sistema brasileño de procesamiento de solicitudes de asilo.
“Brasil está intentando atender las necesidades urgentes de los venezolanos que son víctimas de una crisis humanitaria de la cual el gobierno de Maduro es el principal responsable”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Tarde o temprano, Brasil y otros gobiernos de la región tendrán que presionar al gobierno de Venezuela para que deje de negar la crisis y adopte medidas adecuadas para solucionarla”.
Según fuentes oficiales, más de 12.000 venezolanos han entrado y permanecido en Brasil desde 2014. El número de venezolanos que se trasladan a Brasil para vivir allí se ha quintuplicado desde 2014, llegando a 7.150 durante los primeros once meses de 2016. Muchos venezolanos viven en condiciones precarias en las calles y en un centro de acogida en Boa Vista, la capital de Roraima. Cada uno de los más de 60 venezolanos entrevistados por Human Rights Watch en febrero dijo que, a pesar de las duras condiciones en las cuales vivían, estaban mejor en Brasil que en Venezuela.
La demanda de atención médica por parte de venezolanos hace que sea cada vez más difícil para el sistema público de salud del estado atender las necesidades de todos sus pacientes, tanto brasileños como venezolanos.
El Hospital General de Roraima, que atiende al 80 por ciento de los adultos en el estado, brindó tratamiento a 1.815 venezolanos en 2016, una cifra que más que triplica la de 2015. En febrero de 2017, la directora del hospital dijo a Human Rights Watch que el establecimiento estaba atendiendo a un promedio de 300 pacientes venezolanos por mes. El número de mujeres venezolanas que solicitan atención en el hospital de maternidad de Roraima casi se duplicó en 2016, llegando a 807 pacientes. En el hospital en la localidad fronteriza de Pacaraima, aproximadamente el 80 por ciento de los pacientes son venezolanos y más de la mitad de las consultas para atención prenatal que tuvieron lugar entre enero y agosto de 2016 fueron de venezolanas.
Incluso en hospitales donde los venezolanos representan a una pequeña proporción de la totalidad de los pacientes, varios médicos y enfermeras dijeron que el aumento del número de pacientes está agravando las dificultades que ya enfrentaba el sistema público de salud del estado a la hora de atender a todos los pacientes.
Diversos profesionales de la salud brasileños dijeron que, en general, los venezolanos llegan al hospital más grave que los pacientes de Brasil, por no haber recibido tratamiento adecuado en su propio país. Muchos son tratados por complicaciones de enfermedades como VIH/SIDA, neumonía, tuberculosis y malaria que no habían sido tratadas en Venezuela por la escasez de medicamentos. Los médicos dijeron que, por ello, es más frecuente que los pacientes venezolanos necesiten ser hospitalizados, en comparación con los pacientes locales. Distintos profesionales de salud dijeron que incluso antes de la llegada de pacientes venezolanos, la capacidad de los hospitales era insuficiente para responder a la demanda.
Uno de los ejemplos documentados por Human Rights Watch es el de Bárbara Rosales, de 21 años, quien en enero acudió al hospital en la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén con complicaciones en su embarazo de seis meses. El hospital no contaba con los medicamentos que necesitaba, y terminaron enviándola a Brasil en un automóvil, acompañada por un enfermero, pero sin medicamentos. En Brasil, Rosales fue internada inmediatamente. Su bebé nació cinco días después, pesando un kilo. Cuando Human Rights Watch visitó el hospital un mes después, su hija seguía en la unidad de cuidados intensivos.
